Consideraciones sobre la inviabilidad de la prision perpetua en Colombia

Este texto brinda elementos constitucionales, legales, sociales y fiscales que explican de manera sencilla la inviabilidad y la regresividad de la prision perpetua en Colombia, para que el debate se enriquezca con elementos objetivos distintos a aquellos de los discursos populistas, en los que priman los enfoques punitivista y de seguridad sobre los principios del Estado social de derecho. Para esto, en primer lugar, se hace un recorrido por las problematicas de las iniciativas en legislacion que han pretendido instaurar la pena de prision perpetua en Colombia. Se explica la escasa relacion que existe entre el problema social que se pretende resolver y la prision perpetua como solucion. Estas iniciativas se han basado en la falta de evidencia empirica que justifique el levantamiento de esta prohibicion establecida desde la Constitucion Politica, lo cual conlleva el reforzamiento de una politica criminal reactiva con un precario enfoque de prevencion social del delito, contraria a la tendencia mundial, que se orienta hacia la atenuacion punitiva. En segundo lugar, se analiza por que levantar la prohibicion de prision perpetua implica una sustitucion de la Constitucion Politica y de los aspectos que definen su identidad, como son los principios de dignidad humana, libertad, igualdad y proteccion. A partir de argumentos como la excepcionalidad, la revisabilidad y la no automaticidad de la medida, se advierte como estos terminan atentando contra los principios fundantes de la Carta Magna. En tercer lugar, este texto busca ilustrar como la imposicion de la prision perpetua va en contravia de los principios del derecho penal moderno, como son el Principio de legalidad estricta de la pena, la proporcionalidad, la culpabilidad y la resocializacion de la pena. lo que sigue es el analisis de la perpetuacion del estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y el aumento en la presion presupuestal, lo cual termina afirmando, por un lado, la incapacidad del Estado de cumplir con el fin de la pena, la resocializacion, y, por otro, su incapacidad para prevenir el delito.