Compliance y persona juridica

Nuestro ordenamiento punitivo ha sido objeto, en los ultimos anos, de una constante revision y actualizacion para dar respuesta a los retos que plantea la sociedad actual. En este marco y a raiz del auge de la criminalidad corporativa, se produjo una de las reformas de mayor notoriedad e impacto en nuestro Codigo Penal: el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas juridicas (RPPJ), por la LO 5/2010, de 22 de junio, que, posteriormente, se vio complementada con la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo, con el articulo 31 bis 5 CP, el modelo de Compliance como causa de exencion de responsabilidad penal para aquellas personas juridicas que hubieran adoptado un modelo de organizacion y de gestion de riesgos penales de manera eficaz, y lo prueben en sede judicial. Resulta llamativo que la reforma del CP de 2010 no alude, en ningun apartado, al tratamiento procesal de la persona juridica. Por otro lado, la Circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estado, o sentencias del Tribunal Supremo num. 154/2016, de 29 de febrero, o 221/2016, de 16 de marzo, tan solo sientan las primeras bases, y la regulacion procesal, por medio de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilizacion procesal, resulto a todas luces incompleta. Ante esta problematica, se demandan respuestas en relacion con las deficiencias tecnicas y legislativas que se proyectan sobre el procedimiento penal de las personas juridicas. Por consiguiente, se adquiere el compromiso de analizar el alcance que tienen los derechos procesales que se le reconocen a la persona juridica en el proceso penal, y la interrelacion que existe entre la persona juridica, sus organos de gestion, y los sujetos particulares que los integran, todo ello en relacion al compliance, y a su funcion preventiva.