Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo I

El Estado, conforme a la Constituci n, es el garante de la vida de toda persona, independientemente de su condici n social, pol tica, cultural, religiosa, racial, etc.

En efecto, su art culo 43 consagra el derecho a la vida como derecho humano inviolable. Adem s, el art culo 55 se ala; "Toda persona tiene derecho a la protecci n por parte del Estado a trav s de los rganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad f sica de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes".

Por otro lado, afirma: "Los cuerpos de seguridad del Estado respetar n la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias t xicas por parte del funcionario policial y de seguridad estar limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley".

Igualmente establece que "los rganos de seguridad ciudadana son de car cter civil y respetar n la dignidad y los derechos humanos, sin discriminaci n alguna".

El art culo 83 de la Carta Magna declara que "La salud es un derecho social fundamental, obligaci n del Estado, que lo garantizar como parte del derecho a la vida". En consecuencia, "El Estado promover y desarrollar pol ticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

La Constituci n tambi n garantiza el derecho a la alimentaci n en el art culo 305, pero con un men alimenticio rico en prote nas animales y vegetales, inexistente en las cajas CLAP que contienen harina de ma z precocida, harina de trigo pasta, aceite, lentejas, arroz, productos de mala calidad e insuficientes para que el sector de la poblaci n que los adquiere pueda alimentarse adecuadamente.

En cuanto el derecho a la manifestaci n, el art culo 68 es claro y preciso al respecto: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pac ficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se proh be el uso de armas de fuego y sustancias t xicas en el control de manifestaciones pac ficas".

Sobre la misma materia, el art culo 36 de la Ley de Partidos Pol ticos, Reuniones P blicas y Manifestaciones precisa: "Todos los habitantes de la rep blica tienen derecho de reunirse en lugares p blicos o de manifestar, sin m s limitaciones que las que establezcan las leyes" y el 38 obliga a "Los organizadores de reuniones p blicas o manifestaciones" a "participarlo con veinticuatro horas de participaci n, cuando menos, por escrito duplicado, en horas h biles, a la primera autoridad civil de la jurisdicci n con indicaci n del lugar o itinerario escogido, d a, hora y objeto general que se persigue".

En lo que respecta al trato a los privados de libertad, el art culo 272 se ala expl citamente: "El Estado garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitaci n del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos".

Y en cuanto a lo tocante a la tortura en los establecimientos penitenciarios, el art culo 46 de la Constituci n es bien claro: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f sica, ps quica y moral; en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Ninguno de estos preceptos, en la pr ctica, benefician a la ciudadan a porque quienes est n obligados legalmente a hacerlos cumplir act an m s como funcionarios de la narcodictadura, que como agentes del pueblo en la defensa de sus derechos humanos.

En el socialismo del siglo XXI ocurre como en la pel cula de Pedro Infante, donde la vida no vale nada.